Cual costras sobre lomo de un perro tebeciano, el territorio nacional salpica en conflictos sociales de diversa data. Más de 210 según el último informe de la Unidad de Conflictos de la Defensoría del Pueblo. Y en su mayoría por temas socioambientales. De esos, uno, el de Tía María, en Yslay, es el de turno en esa lista de sociodramas alternados. Con veinte años sin ganarse la adhesión de la mayoría de pobladores arequipeños, tres muertos en su proceso (2011), paralizaciones y reinicios, Estudios de Impacto Ambiental observados y luego subsanados, mesas de diálogo, muchos heridos y, hoy, con casi cuatro semanas de paro indefinido en esa provincia y cientos de miles de soles en pérdidas por día.  

Lo peor es que, en el serio entrampamiento en que se encuentra el proyecto y una fila de despropósitos aparecidos cada tanto en diversos puntos del país y venidos , además, de quien es llamado a mediar entre las partes en conflicto y atenuar los fervores populares (el gobierno), difícilmente habrá humo blanco en el corto o mediano plazo.

Pues el conflicto en el cuprífero y tajo abierto Tía María, no es sino la obvia consecuencia de abandonos maquillados, de procesos sociales mal llevados (recordemos Tambogrande, Quilish, Conga, etc) y que, en este nuevo episodio, sitúa, por un lado, a pobladores (en gran número agricultores) quienes escuchan temerosos las propuestas de una corporación con malos antecedentes (en el valle de Ilo la Southern Perú Copper Corporation opera desde hace más 50 años y las consecuencias ecológicas han sido lamentables aunque se pretexte que las limitaciones tecnológicas de esa época imposibilitaban remediaciones más acordes) y, por otro, a una transnacional cuyos canales de vinculación comunal e informativos no han sido efectivos (su vocero, en el clímax de la inconsecuencia, acusó de terroristas antimineros a los opositores y anunció la cancelación del proyecto para después ser desautorizado por el propio presidente director de Southern) . En el medio, o arriba, en tanto, se ubica un estado que, tantas veces ya, no cumple un decidido papel promotor de inversiones responsables y sólo asume cuando la crisis estalla, amén de algunas autoridades que han aprovechado la situación para fortalecer su propia agenda y le siguen el juego a la intolerancia y la desinformación.

Así, se está concretando lo que fatalmente se advirtió cuando ocurrió el caso Conga: por ser emblemático, su definición marcará el paso de los vínculos entre empresas extractivas y comunidades. Mientras, el percibimiento de inseguridad se acrecienta para importantes inversionistas en ese rubro, se cancelarían otros emprendimientos de envergadura y eso afectaría seriamente la generación de divisas al largo plazo.

o.rivasplata@pucp.edu.pe